Jorge Glas, procesado por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
Los magistrados Felipe Córdova, Iván Saquicela y Daniella Camacho declaró improcedente el pedido de apelación efectuado por el ex funcionario del correísmo.
Esta decisión se adoptó este 21 de febrero de 2024.
Tras escuchar los argumentos de la defensa de Glas y de la Fiscalía, el Tribunal suspendió la audiencia para deliberar su decisión a las 12:49. Aproximadamente cinco horas después dieron a conocer su resolución.
Este recurso también había sido presentado por Carlos B, otro procesado en este caso. Sin embargo, el Tribunal declaró el abandono, según el numeral 8 del artículo 652 del COIP, pues él no compareció a la diligencia.
Durante esta audiencia, el abogado de Jorge Glas pidió que Iván Saquicela se excuse y salga del Tribunal. Aseguró que el juez incurrió en enemistad manifiesta en declaraciones que ha dado sobre el correísmo.
Por su parte, Saquicela aseguró que no tiene amistad ni enemistad alguna. El Tribunal desechó el pedido de excusa y explicó a la defensa del exvicepresidente debe presentar una recusación para apartar a Saquicela del proceso.
El pasado 5 de enero se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas y dos implicados en el presunto delito de peculado en la construcción de una vía en Manabí.
El juez Luis Rivera decidió dictar prisión preventiva para Glas y para Carlos B. Al tercer procesado le dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica ante una autoridad judicial.
Datos de la investigación de Fiscalía
Luego del terremoto del 2016, el Gobierno de ese entonces conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Además, emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.
Por otra parte, en el 2019, la Contraloría determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros, por más de 68 millones de dólares.
Según la fiscal Diana Salazar, los fondos que se usaron para la construcción de ese proyecto vial provenían del dinero recaudado a través de la Ley de Solidaridad. Por lo tanto, la Fiscalía abrió una investigación previa.
Las pesquisas señalaron que esa obra vial “no cumplía con los ejes propuestos en la Ley de Solidaridad, sobre emergencia, reconstrucción y reactivación”.
“Ese contrato fue adjudicado el 30 de marzo del 2017, con carácter de prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto”, señaló anteriormente la fiscal Salazar.
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