El grupo empresarial vinculado a LaFattoria no solo ha concentrado más de una veintena de contratos y 15 convenios de pago para el servicio de provisión de alimentos a los presos por 13 años, sino que sería el canal utilizado por los grupos de delincuencia organizada para el ingreso de celulares, droga y una amplia variedad de armas y municiones a las cárceles del país.
Un exsubdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y fuentes del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, han admitido a Mil Hojas que las empresas contratistas de alimentos estarían involucradas en el ingreso de gran parte de los objetos prohibidos a los Centros de Privación de Libertad, situación que sucede desde el régimen del correato y que involucra no solo a LaFattoria.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, el engranaje lo conforman desde los líderes de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), exautoridades carcelarias y hasta ex ministros de Estado.
El presidente de la República Daniel Noboa, mediante su cuenta en X, se refirió a los actuales proveedores como vinculados al crimen organizado.
En esta red social, el mandatario opinó sobre la denuncia gubernamental presentada ante la Fiscalía General del Estado, este 2 de mayo: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado… Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.
Las sospechas alrededor de lo que se esconde bajo el manejo de alimentos al interior de las cárceles han estado en el ambiente durante varias semanas hasta que la presidencia de la República presentó una noticia criminis sobre presuntos actos ilícitos con la posible implicación de LaFattoria.
La entidad Anticorrupción de este Gobierno, bautizada hace dos días como Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia se inauguró con esta denuncia, pues es la que suscribe el documento entregado, que recoge un análisis de alertas, categorizadas por el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, como secretas y que vinculan a LaFattoria con el caso Alpha en el que se investiga irregularidades en las cárceles.
LaFattoria fue constituida en marzo de 2008 para servicios de alimentos y bebidas. Su única accionista es Asesoría Empresarial Riasem S. A. RIASEMSA. Y aunque su representante legal es Aracely Pincay, ha sido el estadounidense Richard Villagrán Freire, quien figura públicamente como vocero de la contratista LaFattoria.
Villagrán es el punto en común de un conglomerado de compañías, varias de las cuales han mantenido importantes contratos con el Estado. Ha sido accionista y administrador de varias empresas vinculadas al grupo RIASEMSA, como Provisali que estuvo a cargo de los economatos que proveen de víveres a las cárceles. Además, ha figurado como directivo de firmas como: Acerinox, Alas para el Agro Alpagro, Noviecua y Henadad.
Pero las relaciones empresariales de Villagrán se extienden también a otros círculos. Ha sido gerente de Tiendanet, dedicada al almacenamiento, intermediación y venta de productos y servicios a través de canales digitales y físicos y cuyos accionistas son Telconet y Korban.
La primera es la empresa de Tomislav Topic, quien fue investigado junto a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos dentro de la trama de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht. Uno de los hechos más polémicos y sobre el que se desconoce su desenlace es el acuerdo anunciado por los abogados de Topic, en 2019, con autoridades judiciales para entregar USD$13,5 millones que habría recibido como inversión ilícita por la empresa Glory International para ejecutar el cable submarino.
No solo el monopolio de LaFattoria en la provisión de comida a las cárceles y de productos al sistema de alimentación escolar ha sido un secreto a voces, sino también el hecho de que esta empresa sería uno de los principales canales para el ingreso de armas y otros objetos prohibidos a los centros penitenciarios. Pese a ello los gobiernos que han estado en el poder desde 2011 no solo siguieron contratando a esta empresa, sino que le han pagado alrededor de USD$700 millones a lo largo de todo este tiempo.
LaFattoria, importante contratista del estado
Desde 2011 hasta 2022 Lafattoria ha tenido ingresos totales por USD$544,69 millones, según informes que constan en el portal de la Superintendencia de Compañías.
Pero de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública, las instituciones públicas han suscrito con LaFattoria en el período mencionado. Con el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario y el ministerio de Educación LaFattoria ha mantenido más de 20 contratos y 15 convenios de pago y ha sido la beneficiaria de ocho prórrogas de un convenio marco para la provisión de alimentación escolar desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2022, siendo el Ministerio de Educación el mayor contratante.
En entrevista con Mil Hojas el ex director del Centro de privación de libertad de Cotopaxi y exsubdirector del SNAI, Mario Carrillo, asegura que en este último cargo, en el que se desempeñó entre septiembre y diciembre de 2023, conoció no solo del monopolio en la provisión de comida de las cárceles por parte del grupo de LaFattoria, sino también de la fragilidad de los sistemas de control de los centros de privación de libertad que facilita el continuo ingreso de armas y otros artículos prohibidos y es negligente ante los daños intencionados de los escáneres y la corrupción en los filtros de seguridad.“La alimentación viene desde 2012 con Lafattoría y posteriormente con Gourmet. Son los mismos, pero cambiados el nombre para que administren todo lo que es la alimentación en la zona norte y sur del Ecuador”.
Mil Hojas no encontró vinculaciones de LaFattoria con Gourmet a nivel societario, pero Carrillo asegura que los directivos de estas empresas son bastante hábiles. “Se cuidan, pero todo el mundo en el SNAI sabe, es un secreto a voces que son los mismos”.
En alusión a sus hallazgos durante su paso por la dirección de la cárcel de Cotopaxi Carrillo explicó: “el rato que comienzan a funcionar los escáneres, funcionarios del SNAI y de la policía se encargan de dañarlos”.
A ello se suma la corrupción de los agentes de seguridad penitenciaria y funcionarios policiales que están en los filtros de seguridad para realizar el registro manual y visual de todo lo que entra a las cárceles. “Por ejemplo: tantos quintales de arroz, de papas, de azúcar, de hortalizas, de panes tienen que entrar diario y unos días los funcionarios van a hacerlo muy bien, pero en el sexto o séptimo día ya están cansados. Entonces propusimos que no solamente se compre el aparato sino también el servicio para que el momento que se dañe el escáner, la empresa me garantice el servicio y nunca falte el escaneo para el ingreso de artículos a las cárceles. Entonces ¡está clarito por dónde entran los artículos!”, enfatiza.
Fuentes del CIES revelaron a Mil Hojas que en sus investigaciones se establecieron que la filtración de artículos prohibidos a las cárceles se realizaba bajo la coordinación de líderes de GDO como José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y algunos directivos del SNAI, con el conocimiento de altas autoridades de los últimos gobiernos.
Precisan que “las armas eran embaladas e ingresadas por piezas desde los camiones en los que se transportaba los alimentos a vista y paciencia de Richard Villagran”, socio de LaFattoria.
Otra situación que ha sido también analizada es el despegue tan importante que ha tenido LaFattoria sobre todo desde 2015 en que empezó a constituir el holding empresarial que tiene hoy.
Otras alertas
Uno de los frentes en los que ya se advirtió sobre la posible vinculación del servicio de alimentación penitenciario y el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuando Fernando Villavicencio la presidía.
“Sí teníamos la información de que este no es el único mecanismo que podrían utilizar sino otros también, por eso se han realizado varias coordinaciones con los entes correspondientes para evitar cualquier tipo de ingreso”, dijo en junio de 2022 Pablo Ramírez, entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y ahora investigado por delincuencia organizada, dentro del caso “Metástasis”.
El oficial de la policía acudió a la comisión de Fiscalización para explicar los procesos de contratación pública y convenios de pago de la empresa La Fattoria S. A. desde el año 2016. Durante la comparecencia Villavicencio le planteó: “tengo información de investigaciones hechas desde el estado donde se confirmaría que se estaría utilizando el servicio de alimentos para el ingreso de armas, municiones y otros productos indebidos a las cárceles. ¿Qué sabe usted señor General?”
Ramírez respondió que había establecido un protocolo con la policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI para que exista “una revisión exhaustiva de los vehículos que ingresan con los alimentos. Incluso en la nueva contratación estamos sugiriendo que exista una ubicación satelital de los camiones que ingresan con alimentación desde los centros de abasto hasta el mismo centro. Dentro del proceso tecnológico de adquisición estamos también con la compra de escáneres para que pasen los vehículos por este tipo de artefactos”.
Continuó indicando que “esta información ha sido puesta a disposición de los entes correspondientes que están en el ámbito perimetral de los centros (de privación de libertad CPL) para que haya revisión exhaustiva y de esta manera evitar quizá cualquier tipo de ingreso de objetos prohibidos”.
Ramírez precisó en su comparecencia que entre 2016 y junio de 2022 el estado ecuatoriano pagó solo a LaFattoria USD$177´467.000 por el servicio de provisión de alimentos a las cárceles.
El oficial aseguró ante la Comisión de Fiscalización que, en agosto de 2022 el monopolio de esta compañía terminaría con la zonificación de las cárceles.
Fuente:
‼️#URGENTE
«Nos deben USD 30 millones, USD 20 millones de desayuno escolar y USD 10 millones de alimentación de los privados de libertad, desde noviembre del año pasado”, asegura Richard Villagrán, presidente de Lafattoria S.A., tras la noticia criminis presentada por el… pic.twitter.com/hE7BFsRhPg— Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) May 2, 2024
⚪ En 2017 Fernando Villavicencio había publicado una investigación sobre la corrupción, el lavado de dinero y los nexos de #LaFattoria con personajes oscuros.
Esta empresa ha sido proveedora de los Centros de Privación de Libertad desde 2011 pic.twitter.com/bLxh3Fbn58
— El Portal Ec (@ElPortalEcu) May 3, 2024
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